¿Cuáles son los impactos del Real Decreto-ley 36/2020?

El 30 de diciembre el Boletín Oficial del Estado español publicó el Real Decreto-ley 36/2020, en el que se detallan las medidas urgentes para la modernización de las Administraciones Públicas y la ejecución del Plan de Recuperación de España, destinado a canalizar las ayudas comunitarias de Next Generation EU, el instrumento temporal de la UE de 750.000 millones de euros destinado a ayudar a reparar los daños económicos y sociales inmediatos provocados por la pandemia de coronavirus. De todas las medidas contempladas, hemos decidido destacar las que afectan a la Contratación Pública, y explicar lo que estos cambios suponen para ti y para tu empresa.

El Real Decreto-ley establece una serie de medidas urgentes en relación con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), relativas no sólo a la contratación pública, sino también a los convenios, subvenciones y procedimientos administrativos. Estas medidas se refieren a los 140.000 millones de euros de los fondos de la UE de nueva generación y articulan la necesidad de establecer un modelo de gobernanza para la selección, el seguimiento, la evaluación y la coordinación de los diferentes proyectos y programas de inversión.

En primer lugar, el decreto establece, para todos los contratos financiados con fondos del PRTR, la exención de la autorización del requisito establecido en el artículo 324, sobre los Contratos del Sector Público (LCSP), además de la posibilidad de aplicar la tramitación de urgencia. El Decreto-ley establece que toda norma adoptada con cargo al PRTR tiene carácter de urgencia automática, pero los órganos de contratación deben justificar siempre la necesidad de la tramitación de urgencia de los procedimientos de licitación. Lo que hacen estas dos medidas es acelerar, en cierta medida, todo el proceso, reduciendo los plazos y agilizando los procedimientos.

Además, se han elevado los umbrales económicos de los procedimientos abiertos simplificados, ordinarios y abreviados. Los contratos de construcción financiados por el PRTR, con un valor estimado inferior a 200.000 euros, y los contratos de suministro y de servicios también financiados por el PRTR con un valor estimado inferior a 100.000 euros, pueden someterse al procedimiento abierto simplificado. Los contratos de construcción, suministro y servicios, también financiados por el PRTR, con un valor estimado inferior al establecido por la Comisión Europea, pueden someterse al procedimiento abierto simplificado ordinario. Esto garantiza que se pueda incluir un mayor número de contratos, en comparación con lo que ocurría antes.

En los contratos de suministro de energía y de servicios, es posible establecer un plazo máximo de 10 años, cuando así lo requiera el período de recuperación de inversiones (el tiempo en el que se espera recuperar el desembolso inicial de una inversión a través de los flujos de caja generados por la misma). Teniendo en cuenta lo regulado en la LCSP, se trata de 5 años adicionales. También se ha revisado el cálculo de este periodo.

El decreto contempla el fomento de pliegos-tipo que incorporen varios criterios que se consideran necesarios: verde, digital, innovación, maximización de la pequeña y mediana empresa y responsabilidad social, y también permite que los poderes adjudicadores realicen directamente la ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesiones de obras y concesiones de servicios para la aplicación de los fondos de la PRTR, con sus propios recursos, a cambio de las tarifas de compensación legalmente establecidas. Una vez más, se puede observar un enfoque en la agilización de los procedimientos, ya que esto significa que la autorización del Consejo de Ministros ya no es necesaria.

También se establece el papel añadido de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en relación con los fondos, principalmente la emisión de instrucciones y la aclaración de dudas sobre la interpretación del decreto. Por último, revisa los plazos para la formalización del contrato (10 días frente a los 15 días hábiles anteriores), los recursos (10 días también frente a los 15 días hábiles anteriores) (interposición) y la resolución (pronunciamiento) (5 días).

Estas son sólo las medidas relacionadas con la contratación pública, que según el experto en contratación española Javier Vázquez “son muy sencillas” por naturaleza. En su análisis del Real Decreto-ley, Vázquez señala que, a pesar de la buena oportunidad que supone el plan para hacer frente a las repercusiones económicas de la pandemia del COVID-19 de 2020, las medidas son demasiado “simplificadas, super simplificadas” para hacer frente a la situación del país.

Lee aquí nuestra última entrevista con Javier Vázquez, en la que hablaba de la situación de aprovisionamiento en pleno Estado de Alarma español, el pasado mes de abril.

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