Cómo la contratación sostenible puede cambiar el mundo

A medida que aumenta la preocupación por el medio ambiente en todo el mundo como respuesta a los retos que plantea el cambio climático, no es de extrañar que las políticas públicas globales en torno a este tema hayan ido tomando forma en las últimas décadas. El desarrollo sostenible es un tema prioritario, y la aprobación de varios instrumentos jurídicos internacionales (Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, Pacto Verde Europeo) ha establecido objetivos ambiciosos y ha acelerado importantes esfuerzos.

Estos instrumentos también han explorado el camino que muchos pueden tomar para abordar el reto global del cambio climático, concretamente las empresas. Más que nunca, las organizaciones comprenden la amenaza inminente que representa el cambio climático, y muchas son conscientes de que el mundo está ahora en un punto de inflexión para actuar si queremos mitigar sus efectos.

En este sentido, la contratación pública ha sido ampliamente identificada como un proceso de cambio extremadamente relevante. Constituye una herramienta importante y potencial en la consecución de los objetivos de sostenibilidad medioambiental, dado el tamaño del sector público como principal comprador de bienes, servicios y obras (“el mayor mercado individual del mundo“).

Por ejemplo, según la Comisión Europea, en 2013 se estimó que el volumen de la contratación pública representaba el 14% del PIB de la Unión Europea. Esto es bastante dinero, y no es de extrañar que la UE haya puesto en marcha varios programas específicos para fomentar el uso de la contratación pública en la consecución de los objetivos medioambientales actuales. Se trata de la llamada Contratación Pública Ecológica (CPE).

La Comisión Europea define la CPE como “un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar “. Aunque se trata de una herramienta política voluntaria, desempeña un papel fundamental en los esfuerzos de la Unión Europea por construir una economía eficiente en el uso de los recursos.

Establece un conjunto de requisitos medioambientales para las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación y las cláusulas de ejecución de los contratos. Las autoridades públicas europeas son, de hecho, grandes consumidores, y con mucho poder de compra. Influir en este poder a favor de bienes, servicios y obras respetuosos con el medio ambiente puede suponer un cambio vital con repercusiones para el futuro.

Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como el CO2, pueden abordarse mediante el establecimiento de criterios que regulen la compra de productos y servicios con una menor huella de GEI a lo largo de su ciclo de vida, como los calentadores de agua. O el uso de recursos finitos y materias primas críticas para producir productos informáticos puede abordarse simplemente ampliando la vida útil de un producto al final de su vida útil (reutilización). Son criterios sencillos que, cuando se utilizan, pueden tener efectos duraderos. En Francia, por ejemplo, ya es posible ver los efectos de estas medidas. A principios de este año, se exigió a los fabricantes de determinados aparatos electrónicos, como teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles, que informaran a los consumidores sobre la reparabilidad de sus productos.

A pesar de estos beneficios, el camino hacia la implantación de la CPE no ha sido fácil, ya que estudios anteriores encontraron bastantes obstáculos. Según un estudio de 2006 que analizaba la implantación de la CPE en la UE, el 44% de los organismos públicos de los 25 Estados miembros consideraban que los productos respetuosos con el medio ambiente eran más caros, mientras que el 35% señalaba que la falta de recursos organizativos (incluidos el dinero y el tiempo) y de políticas de promoción de la CPE era un obstáculo importante para su implantación.

Sin embargo, los últimos años han sido fundamentales para cambiar las opiniones y los objetivos. En 2019, la mayoría de las organizaciones de contratación pública se dieron cuenta de que el cumplimiento de la normativa era importante, al igual que el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de la empresa. Hasta ahora, la UE ha intentado adoptar la contratación pública verde o sostenible mediante leyes blandas y, en algunos casos, reglamentos obligatorios. A medida que se acercan los plazos importantes, pueden entrar en vigor nuevas medidas más estrictas.

Los fondos del programa NextGenerationEU, que representan más de la mitad de las subvenciones de la UE para la transformación verde y digital, parecen apuntar en esta dirección. Las predicciones actuales apuntan a que los criterios verdes serán obligatorios para acceder a gran parte de los fondos NextGenerationEU.

Tal vez la mayor influencia de la CPE aún no se haya dejado sentir en toda Europa y en el mundo, pero los próximos dos años serán decisivos para que las empresas alineen su estrategia empresarial con la verdadera sostenibilidad global.

Por otra parte, más que nunca, las empresas no sólo identifican el valor de la innovación y la eficiencia de los recursos y la energía, sino que también están sometidas a la presión de los clientes para que sean más conscientes de la ecología. Los estudios han descubierto que estos criterios ecológicos pueden influir en los patrones de producción y consumo, influyendo eficazmente en la demanda de productos “verdes”, mientras que otros han demostrado también la capacidad de mejorar el rendimiento empresarial de las empresas que aplican sistemáticamente la CPE.

De hecho, la supervivencia de algunas empresas depende del cumplimiento de estos objetivos de sostenibilidad, y se espera que este número aumente en un futuro próximo. Para estas empresas, el rendimiento de la sostenibilidad se traduce en oportunidades de crecimiento, ya que sigue siendo el enfoque más seguro de la innovación para las empresas que buscan una ventaja competitiva.

Tomemos como ejemplo la forma en que la ciudad alemana de Ratisbona utilizó la CPE para comprar servicios públicos, lo que supuso un ahorro de 10 millones de euros en costes de energía y agua durante un periodo de 15 años. O la inversión de 1 millón de dólares de Microsoft con un único proveedor de fabricación con el fin de utilizar la tecnología y las herramientas para reducir “el consumo de energía mediante la instalación de matrices solares y la realización de un reequipamiento de edificios energéticamente inteligentes”.

Son oportunidades impresionantes que también demuestran cómo la sostenibilidad será un factor clave de éxito, ya que las empresas proveedoras se consideran cada vez más partes interesadas en la estrategia de desarrollo sostenible del comprador. La compra sostenible es realmente un vehículo para una sólida relación en la que todos ganan, que minimiza el riesgo y fomenta el crecimiento para todos.

Contratación Pública, Sostenibilidad

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